Manifiesto Por Una Internet Libre

Internet nació de la autorregulación, las personas ejercen en ella sus derechos individuales y debe seguir siendo así; el mismo conjunto de reglas que hacen posible la RED es un MODELO PERFECTO alcanzable por la Sociedad Global: un aparente desorden que esconde en si mismo un universo completamente descentralizado y coordinado.
Las reglas de la actual Internet no deben contaminarse con la lógica de una sociedad mercantil dominante. Internet, como el planeta Tierra, es GLOBAL; no estamos aislados en nuestros respectivos países a pesar de que, a través de los siglos y culturas dominantes, nos fuera impuesto como verdad absoluta. Hoy Tenemos el firme convencimiento de que lo que ocurre en
cualquier parte de nuestro pequeño planeta tendrá repercusión universal a través de Internet:
CADA HOMBRE ES UN MUNDO Y DEBE TENER UN MEDIO DE MANIFESTAR SU EXISTIR
LIBREMENTE.
Defendemos y sólo vemos viable la Internet ORIGINAL, libre y abierta a todos, frente a la Internet que nos quieren endosar, cuya existencia es creada artificialmente de manera metódica, sibilina y constante; utilizando los más potentes medios de comunicación mediatizados por el poder y el dinero: la internet del ciberdelito, la internet de las grandes operaciones financieras, la internet de los PORTALES CONTROL... Lucharemos, hasta la completa SIMBIOSIS CON EL MUNDO REAL, por una Internet cuya clave sea la manifestación física de la LIBRE EXPRESION DE IDEAS, difundiendo las distintas culturas que componen nuestra Sociedad Plural de una forma igualitaria y justa, fomentando que esa igualdad y justicia lleguen a
transformar positivamente la lamentable realidad actual.
Asumimos el deber de PRESERVAR ESTE MUNDO VIRTUAL, un mundo que abarca todo el planeta, SIN FRONTERAS, y si es posible, debemos acordar un idioma universal, razonable, adaptable y sencillo de aprender que sea convención desde Laponia a Australia y desde China hasta Brasil, de tal manera que no halla límites impuestos de ningún tipo que impidan la relación humana y el libre intercambio de ideas o pensamientos.
Internet necesita la existencia de una democracia real en que todos los individuos, no sólo las corporaciones, tengan voz y voto, y LAS OPINIONES PERSONALES SEAN TENIDAS EN CUENTA POR EL RESTO, desterrando la falsa idea de que la mayoría, por el simple y mero hecho de ser mayoría, deba tener la razón. Un mundo virtual donde ningún ser humano sea discriminado, despreciado o ignorado y tenga garantizados, como mínimo, los derechos recogidos en la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
INTERNET ES LIBRE; no puede admitir leyes de cada gobierno existente para regularse, sino que las actuales leyes deben modernizarse para englobar en si mismas, no sólo las operaciones mercantiles, sino también las conductas y actividades que sean constitutivas de delito o falta para la Sociedad Civil, porque Internet es otra forma de existencia de nuestra Sociedad, como
también lo son cada una de las vidas de los individuos que la componen.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSIce) aprobada en España con este equívoco nombre y con otros similares en otros paises de Europa, tomando como excusa una falaz imposición de la Unión Europea como supragobierno, no es sino un BURDO INTENTO de los poderes ejecutivos de legislar derechos individuales de la persona obedeciendo a sus socios mediáticos, en un esfuerzo calculado de evitar a toda costa el CONTINUO DESCALABRO que sufren los envenenados proyectos puestos en práctica por el más crudo y alienante consumismo, interesando sólo el poder adquisitivo de los sujetos como MASA EXPLOTABLE, en detrimento de sus ideas individuales. Es, claramente, un intento de legislar a medida de las grandes corporaciones mercantiles y no de las personas, quienes quedaríamos TOTALMENTE INDEFENSAS y a su merced.
El presente intento de modificar el articulado actual de la LSSIce convierte a todos los ciudadanos en sospechosos permanentes y carga a las empresas operadoras de Internet con un sobrecoste que será repercutido en los usuarios, ahogando cualquier intento de colocar a España en el lugar que le corresponde en las Nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto denunciamos que:
- La LSSIce atribuye a la Administración excesivas facultades de restricción e intervención en la prestación de servicios, atribuyéndole, incluso, la potestad de cerrar un sitio web sin intervención judicial.
- La LSSIce va contra el artículo 20 de la Constitución. La circunstancia indicada en el punto 11 implica una restricción inadmisible de la Libertad de Expresión y una sustracción de las competencias que actualmente tiene asumidas el poder judicial sobre las acciones limitativas de este Derecho Fundamental.
- La LSSIce vulnera el artículo 18 de la Constitución. En su punto tercero la Carta Magna garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
- La LSSIce vulnera el artículo 81 de la Constitución. Su tramitación como Ley Ordinaria podría vulnerar la Reserva de Ley Orgánica contenida en el artículo 81 de la Constitución, dado que incide en los derechos reconocidos en los artículos 18 y 20.
- La LSSIce es no sólo un atentado a la libertad de expresión, sino un atentado al ordenamiento jurídico, produciendo un uso ilegítimo del Derecho para sustraer a la voluntad de los poderosos cuestiones que ya están reguladas para los demás ciudadanos.
- La Directiva Europea debe incorporarse, no con la LSSIce, sino modificando la normativa relativa a cada institución que se vea afectada por la Directiva, a fin de adaptarse a las peculiaridades que reclama un nuevo medio como Internet.
- La LSSIce pretende hacer de la información, cualquiera que sea su manifestación, una mera mercancía y convierte automáticamente en mercader a todo el que opere, desde cualquier perspectiva o circunstancia, con ella.
- La LSSIce convierte en una actividad regulada cualquier iniciativa desarrollada en Internet.
- La pretendida modificación de la LSSIce representa la connivencia del poder público con sectores minoritarios para sustraer al ciudadano la presunción de inocencia.
- La Administración no puede ni debe restringir ni intervenir en la prestación de servicios imponiéndose al poder judicial.
- La Administración no puede limitar los derechos constitucionales ni la libertad de expresión de los ciudadanos en Internet.
Y por todo ello exigimos:
- La inmediata derogación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
- El cese inmediato de D. Carmen Calvo Poyato como responsable del intento de restringir hasta eliminar el constitucionalmente reconocido principio de presunción de inocencia.
- La realización inmediata de Auditorías Públicas a TODAS las entidades privadas de Gestión de Derechos previstas por el ordenamiento jurídico en vigor.
- La revisión inmediata de todas aquellas Leyes, Disposiciones y Reglamentos que tengan como objeto regular actividades cuya introducción y/o desarrollo en Internet encuentre un vacío legal en lugar de su correspondiente regulación, o bien sitúe al actor que obre contrariamente a derecho en una posición privilegiada frente a las responsabilidades derivadas de tales
acciones.
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Un saludo:
Manuel Ángel
LEÓN